Intenté explicar algo acá. Pero la Mula lo explica mejor: (pero aquí mis puntos importantes)
Pero si hay tanta contaminación ¿por qué los pobladores apoyan el pedido de los trabajadores de Doe Run Perú (DRP) para reiniciar sus operaciones?
Todo inicia con Fujimori
Bien Con El Ministerio del Ambiente
Si Accede el Gobierno a la Protesta Encima Pagaría 8 mil millones de dolarillos
La Oroya es la quinta ciudad más contaminada del mundo, según el Instituto Blacksmith. Mientras la Organización Mundial de la Salud determina que los límites máximos permisibles de plomo en la sangre es de 10 microgramos por decilitro (ug/dl), los ciudadanos de la zona tienen como promedio 33.6 ug/dl, de acuerdo con el Ministerio de Salud.
Pero si hay tanta contaminación ¿por qué los pobladores apoyan el pedido de los trabajadores de Doe Run Perú (DRP) para reiniciar sus operaciones?Todo inicia con Fujimori
En 1997, el gobierno de Alberto Fujimori privatizó el complejo metalúrgico La Oroya, antes propiedad de la estatal Centromin. El multimillonario estadounidense Ira Rennert, dueño del grupo transnacional Renco, adquirió el complejo y estableció la empresa Doe Run Perú para operar en Cobriza y La Oroya.
Los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García permitieron que DRP siguiera operando a pesar de que la contaminación que producía sobrepasaba los límites máximos permisibles.
En el 2006, Toledo le concedió la ampliación del PAMA hasta el 2009.
En el 2009, García cuestionó la renovación de la licencia, así como un salvataje económico de más de US$150 millones. No por una vocación ambientalista –subraya Ideele– sino porque habría de por medio el interés de favorecer a la empresa Cormin.
Bien Con El Ministerio del Ambiente
Como se sabe, pese al intento de subastar el proceso no ha tenido final feliz y ello determinaría que el administrador concursal, Profit, decida cerrar las operaciones de la mina Cobriza (Huancavelica) el 17 de agosto, y con ello se dejaría de financiar el salario de 2,400 trabajadores de la refinería.
Además, ellos arguyen que no hay inversionistas interesados porque la legislación ambiental peruana pone una valla muy alta: 80 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico.
Afortunadamente, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, se ha manifestado contrario al pedido de los acreedores y los trabajadores de La Oroya. “El Estado peruano no puede relajar los estándares de calidad ambiental del aire (ECA) [...] pues ello llevaría a que el Perú pierda la demanda arbitral que mantiene con la compañía estadounidense Renco [...] si nosotros le damos a un nuevo operador mayor flexibilización de lo que se le exigió a Renco, el Perú pierde ese arbitraje internacional”, dijo en RPP.
Si Accede el Gobierno a la Protesta Encima Pagaría 8 mil millones de dolarillos
Como se sabe, esta empresa y su filial DRP iniciaron un proceso de arbitraje contra el Estado peruano por el cierre de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La indemnización que exige es de US$8000 millones.
